Hace 25 años el que suscribe estaba completando sus estudios de Filología Hispánica, carrera (entonces se denominaba así) que finiquitaría con mi última asignatura aprobada en una fecha tan señalada como el 14 de julio. El 14 de julio es el día grande de nuestros vecinos franceses en el que celebran su Fiesta Nacional, la toma de la Bastilla como símbolo de la reconciliación y unidad de todos los franceses, pero para los españoles esas fechas de mediados de julio de 1997 deberían suponer un recuerdo perpetuo del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco: aquel fin de semana del 12 y 13 de julio transcurrió para mi entre apuntes -dando el último repaso a la Crítica Literaria del Siglo XX- pero con la atención puesta en el transistor y en las noticias que llegaban desde tierras vascas de aquel infame secuestro y asesinato.
Unos meses más tarde, y a la vez que cumplía con mi deber de servicio con la Prestación Social Sustitutoria (actividad de utilidad pública que estaba obligado a desempeñar el objetor de conciencia reconocido que quedaba exento del servicio militar) decidí aprovechar esa etapa para matricularme en algunas asignaturas de Doctorado y para cursar y obtener el CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica): este último fue sustituido desde el curso 2009/10 por un Máster en formación del profesorado.
Todo este preámbulo me sirve para comentar algo que está siendo noticia en las últimas semanas y a lo que -en mi modesta opinión- la sociedad no está prestando la atención que se merece, y no es otra cosa que la entrada en vigor de la LOMLOE: la última reforma de la Ley de Educación que lejos de aportar soluciones a nuestro sistema educativo parece ideada para dar continuidad e incrementar los desastres que nos han traído hasta aquí.
Cuesta comprender cómo es posible que un país como España en sus últimos 50 años tenga tan vasta colección de leyes educativas con unos resultados objetivamente cada vez más mediocres:
- Ley General de Educación de 1970, que buscaba favorecer la igualdad de oportunidades educativas implantando mejoras entre las que destacaba la escolarización obligatoria y gratuita hasta la edad de 14 años (EGB).
- LOECE de 1980, que destacaba por su énfasis en la libertad tanto para la elección de centro educativo por parte de las familias como para la enseñanza por parte de los docentes.
- LODE de 1985, cuyas novedades incluían la regulación de subvenciones a la educación concertada y la introducción del Consejo Escolar como órgano de participación de toda la comunidad educativa.
- LOGSE de 1990, que ampliaba la escolarización obligatoria hasta los 16 años, haciendo desaparecer la EGB y sustituyéndola por una nueva estructura que se mantiene hasta ahora y que divide los ciclos educativos en Educación Primaria (hasta los 12 años) y Educación Secundaria (hasta los 16 años).
- LOPEG de 1995, creada para matizar y pulir aspectos de la LODE y la LOGSE fundamentalmente en lo que atañe a la gestión y organización de los centros educativos.
- LOCE de 2002, que no pasó de ser un intento de reforma educativa puesto que no llegó a implementarse
- LOE de 2006, que deroga todas las leyes anteriores, aunque manteniendo la estructura implantada por la LOGSE; destaca por la atención a la diversidad y la conveniencia de educar en valores. Sigue en vigor en la actualidad.
- LOMCE de 2013, que introduce modificaciones a la LODE y a la LOE: creación de títulos de FP Básica, regulación de la FP Dual… y propone evaluaciones finales de etapa para obtener los correspondientes títulos de Graduado en ESO y Bachillerato.
- LOMLOE de 2020, que supone una apuesta por incrementar las oportunidades de titulación de todo el alumnado y una regulación más estricta de la gestión en los centros concertados.
Teniendo en cuenta este repertorio de leyes educativas desde 1970 y a la vista de los resultados que estamos cosechando en nuestros días, creo que nuestros dirigentes deberían estar reflexionando y analizando severamente lo que es un fracaso manifiesto y la supuesta eficacia de los respectivos gobiernos en este asunto: en mi opinión y a vuela pluma, tener nueve leyes en un periodo de 50 años supone que no se han conseguido los resultados satisfactorios esperados, que se ha estado legislando a bandazos y sin el menor consenso o acuerdo exigible. Cuando me tocó estudiar esas leyes en el transcurso de mi preparación para el CAP en el curso 97/98 llegué hasta la LOPEG y ya había ciertos aspectos que me parecían absolutamente un contrasentido… así que, teniendo en cuenta que desde entonces hasta ahora ha habido 4 leyes más, quizá sea la explicación a por qué un curso (el CAP) que antes abarcaba un año académico ahora haya adquirido la categoría de Máster Universitario.
Aunque no haya ejercido nunca la docencia de manera profesional tengo la suficiente cercanía con el sector como para opinar sin temor a equivocarme que cada reforma de la ley en este ámbito ha supuesto un retroceso para toda la comunidad educativa: docentes, alumnos y padres. Por acción u omisión cada una de esas sucesivas leyes ha ido menoscabando la autonomía, profesionalidad, libertad y dignidad de los profesores, quitándoles la auctoritas, el prestigio de su profesión, y poniendo su criterio al mismo nivel que padres y/o alumnos (por muy ignorantes que éstos sean). Pero a la vez, y con el sibilino pretexto de una mayor inclusión, participación o el manido “no dejar a nadie atrás”, se han ido coleccionando injusticias que buscan regalar aprobados, promociones y resultados a los alumnos menos capaces a la vez que se deja a su suerte a los más dotados. Respecto a los padres, nos ha otorgado la potestad (para la que no estamos preparados) de poner en duda, criticar y hasta intentar dirigir el trabajo de la comunidad docente y los centros educativos.
En mi opinión una ley educativa debe basarse en algunos principios fundamentales como fijar unos objetivos mínimos de aprendizaje y establecer unos criterios de evaluación, la obligatoriedad de escolarización, buscar el máximo potencial de cada alumno, libertad de elección del centro, etc… pero tiene que recoger también aspectos no negociables como la autoridad del profesor ante padres y alumnos, la educación y comportamiento en el centro y el premio al trabajo.
Algunas de las últimas leyes amparan situaciones tan rocambolescas o inverosímiles como que un alumno pueda hacer imposible el transcurrir ordinario de una clase o llamar “hijo de puta” a un profesor sin que esto suponga más que una amonestación (es verídico) porque el derecho a la educación prevalece sobre un posible castigo de expulsión, o que “la permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria”, como dice textualmente la LOMLOE y que en la práctica supone la promoción de curso alcance o no el alumno los objetivos mínimos de las asignaturas.
Caso aparte suponen los jóvenes con necesidades educativas especiales, a quienes las sucesivas leyes han ido empujando poco a poco a compartir centros y niveles educativos con otros chavales que no precisan ningún tipo de ayuda, lo que ha supuesto un lastre para todos puesto que de esta manera ninguno ha tenido la plena atención y/o cuidados que le ayuden a desarrollar todo su potencial.
Creo que la educación académica sirve para prepararnos ante el siguiente paso, para ir haciéndonos madurar como personas y –llegados a un cierto nivel- hacernos buenos profesionales, y eso no se puede conseguir de ninguna manera si en lugar de educarnos en la cultura del trabajo y del esfuerzo para alcanzar nuestros objetivos el propio sistema nos “ayuda” con trampas o comodines para que no se reconozcan nuestras limitaciones ni se penalicen nuestros errores. Regalar aprobados o hacer promocionar a los menos preparados es un flaco favor para ellos porque les impedirá ir asentando conocimientos a la vez que les hará estar siempre descolocados (fuera de juego) y no llegar a desarrollar su máximo potencial. Paralelamente, los recursos empleados por los profesores de turno en adaptaciones curriculares repercuten en una merma en la dedicación al resto de alumnos para ayudarles también a desarrollar su mejor versión.
Obviamente no soy quien para valorar si las leyes educativas del siglo pasado se quedaron obsoletas o si era precisa una reforma (aunque tenga mi opinión), pero no creo que ésta deba llevarse a cabo sin un amplio consenso nacional, así como me parece que lo que en la actualidad ponemos a disposición de nuestros jóvenes es la tentación del mínimo esfuerzo dado que la exigencia cada vez es menor y sólo la inquietud individual de algunos brillantes alumnos les hace ir más allá. Un centro educativo no es un parqueadero (como dirían en ultramar) de nuestros hijos: los alumnos, como dice la etimología latina de donde procede el término, están para “ser alimentados”, y no para pasar el rato, ser amigos, colegas o estar al mismo nivel que el profesorado; tienen que aprovechar el periodo de aprendizaje en enseñanzas pre-universitarias para adquirir el hábito de trabajo y una serie de destrezas mínimas en materias como ciencias, matemáticas y humanidades, conocer nuestra historia y saber qué se celebra el 2 de mayo o el 14 de julio, quienes fueron los Reyes Católicos, Miguel de Cervantes… o Miguel Ángel Blanco.
Por último, no voy a entrar en la recurrente polémica de si esta última ley educativa «aparca» las Letras o Humanidades: por si no lo saben el que les habla es un alumno de ciencias puras licenciado en Literatura Española y que lleva trabajando como técnico en una ingeniería desde hace más de 20 años, así que no concibo la exclusión de ninguna materia y defiendo que las personas tenemos que tener unos conocimientos multidisciplinares para ir más allá y para desarrollarnos plenamente. Sobre este respecto comparto con ustedes un artículo de Javier Andreu Pintado, Vicedecano de Alumnos en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra:
https://www.larazon.es/cultura/historia/20220117/r3ua7azqezbnnl3imo3lr7u7mu.html
Para terminar, y como a buen seguro se preguntarán qué tiene que ver el título de este artículo con su contenido, les desvelaré que ese es el título de una novela erótica que leí y sobre la que tuve que trabajar en uno de los cursos de doctorado. Su autor -Joaquín Belda- fue un cartagenero considerado como el mejor escritor novelista erótico español (género de gran éxito en el primer tercio del siglo XX), y un maestro en el arte de saber mezclar una gran riqueza imaginativa y comicidad en sus obras con una enorme carga moralizante que va más allá de la pornografía: el juego, la política, o la corrupción son algunos de los objetivos de la crítica en sus novelas haciendo uso de un lenguaje muy cuidado y elevado, rico, divertido y –sobre todo- mordaz. A pesar del ostracismo en el que permanece hoy en día, estamos ante un autor del círculo literario de Azorín, Baroja, Valle-Inclán, Unamuno, Pérez de Ayala… lo que nos puede dar una idea de la dimensión de su categoría literaria.
“Aquellos polvos…” juega con el doble sentido de las palabras, pero en la novela queda claro que todo tiene consecuencias y que los lodos de hoy siempre son consecuencia de los polvos de ayer, como ocurre en la educación y en muchos otros ámbitos de nuestra sociedad.
Les dejo en este enlace la flamante LOMLOE, para su solaz y entretenimiento… preocupación, indignación o lo que surja:
Es una gran aportación para hacernos reflexionar a todos, y si bien no soy docente, soy madre y no puedo estar más de acuerdo con tus palabras…
Muchísimas gracias por tus palabras y por tu apoyo, Pilar. Me siento muy halagado al comprobar que personas como tú no sólo me leen, sino que comparten mi opinión y se sienten identificadas con mis reflexiones.
Un cordial saludo.
Yo he estado ‘dentro’ de la administración educativa las últimas tres décadas y suscribo cada una de tus palabras. Solo alguien como tú, fuera de esa administración, puede permitirse el lujo de decir tantas verdades juntas, porque la dictadura de lo políticamente correcto no le pasará ninguna factura a nivel laboral.
Es una lástima, pero es así… La clave está como siempre, por desgracia, en la dotación económica. Todas las leyes educativas sobre el papel pueden resultar magníficas, pero a la hora de ejecutarlas se ve que el papel estaba mojado…
Si quieren inclusión, perfecto, pero entonces que doten de profesores especializados y recursos específicos, realmente, según las necesidades del alumnado escolarizado en cada uno de ellos, a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Sin exclusión de idearios: públicos y concertados.
Pero la educación, imagino que como la sanidad y por lo que estamos viendo últimamente, la justicia… no es prioridad realmente para ninguno de los gobiernos que hemos tenido. Para todos ha sido política y excusa para conseguir votos a expensas de pesebre en unos casos (chiringuitos de llingua, talleres que no interesaban a nadie…), necesidad en algunos pocos y manipulación a la mayoría de la población que buenamente se traga sus manipulaciones mediáticas.
Las políticas de educación, de sanidad y de justicia deberían de ser el resultado de un consenso mayoritario de la población (no de la suma de representantes de partidos que se juntan para aprovecharse de privilegios de una ley electoral que les otorgan una representación que no tienen pero que por more de otra ley gripada, es legal). Y eso solo se consigue vía referéndum o vía consenso de los partidos mayoritarios en gobierno y oposición.
Mientras eso se consiga, amigo Aurelio, se seguirá legislando para los políticos, para conseguir sus objetivos de poder, enfrentándonos a unos contra otros y de espaldas a la prosperidad y bienestar de todo el pueblo, de España.
Me ha encantado leerte.
Muchísimas gracias por tu reflexión y comentario, Mariángeles.
Es un placer para mí que una persona con tu conocimiento y experiencia en el tema me lea y además aporte una valiosa y -sin duda- más que autorizada opinión sobre el asunto.
Un cordial saludo