GENERALIZACIONES

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Muchos amigos me han comentado el gráfico que compartía en el artículo anterior, sobre todo quienes –como yo- trabajan en el sector privado.

Detesto las generalizaciones fáciles, me parecen juicios aborrecibles, pero confieso que todos tenemos una tendencia natural a universalizar comportamientos puntuales y hacerlos extensivos a un colectivo. Creo que estaremos de acuerdo en que calificativos como bueno, malo, mediocre, zamarro, vividor, vago, diligente o trabajador (por citar sólo algunos) pueden ser aplicados a personas concretas sin que esa característica defina a todos sus compañeros y colectivo.

Ante la alarma de que sólo un 33% de la población trabaje para el sector privado, muchos han puesto el punto de mira en la administración y su personal funcionario, así que les contaré mi última experiencia en este ámbito.

Como algunos de ustedes ya saben, he estado afectado por un ERTE desde mediados de julio hasta la semana pasada. En agosto, dado que la prestación contemplada para esta situación por el SEPE no me llegaba, y aconsejado por compañeros en la misma situación, intenté ponerme en contacto con el SEPE para comprobar si tenían mis datos actualizados y que no hubiera problemas. Durante varios días estuve intentando contactar por teléfono sin éxito, así que decidí intentar acceder al portal del SEPE vía telemática: primero introduciendo mi número de teléfono para que me enviaran una clave (sin éxito, dado que no coincidía con el número que ellos tenían registrado), luego con el DNI electrónico (que tuve que renovar para actualizar los certificados) y por último con un certificado @clave que tuve que solicitar para poder acceder a la sede electrónica. Después de varios intentos infructuosos con la vía telemática que siempre acaban en una página de error, pasado mediados de agosto decidí solicitar cita previa para una atención presencial y obtuve mi cita para… el 30 de septiembre (casi un mes más tarde).

El día de la cita acudí a la hora que me habían reservado (09:25) y fui atendido por un funcionario unos 15 minutos más tarde: pensé para mí que si a las 9:25 llevaban acumulada una demora de 15 minutos, pobre del que tuviera cita para el mediodía. El buen hombre me recibió informándome que no había ido a mi oficina del SEPE correspondiente basándose en la dirección que figuraba en su sistema, pero que mi prestación ya estaba lista para pagar… el 10 de noviembre (la cantidad correspondiente a julio y agosto) y diciembre (la cantidad correspondiente a septiembre). También me dijo que mis datos estaban desactualizados, y por eso la prestación que iba a recibir (D.M.) no sería la que me corresponde, pero él no podía modificar los datos porque no se encargaba de eso. Atentamente me dio la opción de que un compañero me cambiara en ese momento los datos pero tenía que ser en otro departamento, así que volví a la sala de espera hasta que otra funcionaria, en la sala contigua a su compañero y tres mesas más allá me atendió y me modificó mi estado civil, dirección y personas a cargo. Con los datos actualizados volví a la sala de espera y minutos más tarde me convocó otro funcionario del mismo departamento que el que me había atendido en primer lugar, quien cotejó los datos que su compañera había grabado con mi DNI y libro de familia (un amigo que había sufrido esta misma aventura unas semanas antes me había advertido de la necesidad de llevarlo), me hizo firmar un formulario y me dijo que ya podría recibir la prestación correctamente… a partir de octubre. A ver quién acierta: el que me dijo que noviembre o el que me dijo que octubre, porque ni para esto se pusieron de acuerdo.

Hace meses les dije en otro artículo que podíamos considerar que ningún gobierno tiene la culpa del COVID-19, pero sí la responsabilidad de cómo se gestiona la situación. Según las previsiones en el mes de abril del Banco de España, 4,6 millones de trabajadores estarían afectados por el ERTE del COVID-19 y -por lo que he podido comprobar en primera persona- creo que las cosas se podrían haber hecho mejor.

No entiendo cómo es posible que en plena “era digital”, así como te localizan ipso facto para notificarte una denuncia cuando –por ejemplo- pasas por delante de un radar a 56 km/h cuando el límite es de 50 km/h, la misma administración pública sea incapaz de actualizar los datos de los mismos trabajadores a quienes les está aplicando retenciones en el rendimiento del trabajo.

Tampoco entiendo cómo es posible que en esta circunstancia de emergencia por el COVID-19, y con una estimación de trabajadores afectados por ERTE cercana a los 5 millones, no se hayan habilitado canales de información y gestión efectivos. Les aseguro que fui presencialmente a la oficina del SEPE como último recurso, ante la imposibilidad de poder hacer la gestión vía telefónica o telemática. Es incongruente que mientras por una parte orientamos e incluso obligamos a todo el mundo (en especial a nuestros mayores) a presentar escritos por vía digital o acudir a cajeros automáticos para sacar SU dinero o realizar otras gestiones, por otro lado sea la administración quien no está a la altura cuando un usuario necesita hacer una gestión. Para el caso concreto de los ERTE, se me ocurre que -a lo mejor- no sería complicado cotejar los datos a la vez que se gestiona el expediente, cruzarlos con Hacienda, etc…

Piensen en la cantidad de veces que les llama una empresa de telefonía o de energía para ofrecer sus servicios y hacerles una oferta irresistible: tienen nuestros datos y se preocupan de localizarnos para hacer su trabajo, aunque sea a horas intempestivas; o piensen en los implacables departamentos de recaudación de la administración pública… nos localizan cuando tienen la necesidad.

Tampoco entiendo el funcionamiento físico de la administración pública. Para una mera gestión de actualización de datos y comprobación he tenido que pasar por tres puestos y dos dependencias: ¿a nadie se le ha ocurrido que quizá esos funcionarios rendirían mejor organizando el trabajo de otra manera?, ¿no sería más lógico que un único funcionario atendiera la consulta y tuviera la facultad de poder hacer los cambios pertinentes? Aunque sólo fuera por minimizar la exposición al virus y el riesgo de contagio creo que merecería la pena valorarlo.

Y para el final dejo el asunto más sensible e importante: estamos en octubre y sigo sin cobrar la prestación del ERTE desde julio. No es la norma habitual, he comprobado que tengo compañeros y conocidos (aproximadamente un 20% de las personas consultadas) que han cobrado correctamente (con un mes de retraso porque eso sí es “lo normal” para el SEPE), pero la mayor parte de personas con las que hablo han cobrado incorrectamente: algunos han cobrado de más (más días de los que han estado en ERTE), otros han cobrado de menos, y la mayor parte de los casos han cobrado incorrectamente la parte correspondiente en función de los hijos…

Yo he pasado la situación gracias a algunos ahorros, pero les invito a ponerse en el pellejo de un padre de familia con hipoteca, letras varias, gastos fijos, vuelta al cole… con la incertidumbre de cuándo y cuánto va a recibir la prestación que le corresponde. Apuesto a que los responsables del SEPE no piensan en esos casos y siguen durmiendo tranquilos.

Nunca he trabajado en la función pública, pero creo que si en una empresa privada cualquiera se acertara sólo en el 20% de los casos y con retraso (más o menos, según el muestreo grosero que he tomado) el cierre de la empresa estaría asegurado, y la toma de medidas fulminantes también. Imaginen un restaurante de comida rápida cualquiera en el que sólo entregaran el 20% de los menús correctamente, otro porcentaje más o menos igual se quedara sin menú y el 60% de los clientes obtuvieran unos menús incompletos o no acordes a lo solicitado.

Entiendo a quienes fruto de la desesperación claman contra los funcionarios, pero no creo que sean el origen del problema: desde mi punto de vista la responsabilidad es de quien debe encargarse de organizar los trabajos de una manera eficiente y eficaz, optimizando los equipos de trabajo para que rindan al máximo y ofrezcan un buen servicio al contribuyente.

Pero no pasa nada, en lugar exigir las correspondientes responsabilidades y que alguien arregle el desaguisado seguro que nos conformaremos con que los mismos que hasta ahora han demostrado su ineficacia organicen un comité de expertos que (previo cobro de dietas) dicte que “no se podía saber”, “fue una avalancha de casos que desbordó el sistema” o “el sistema informático no estaba preparado”.

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